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Las últimas investigaciones sobre corrupción a distintos ayuntamientos de la Región de Murcia reflejan una situación totalmente inaceptable ante la cual la Asamblea de Murcia por una Vivienda Digna no puede mostrarse indiferente. De hecho, tenemos la necesidad de expresar nuestra profunda indignación y malestar ante esta situación de interminable corrupción urbanística, pues no hace más que agravar el problema social del acceso a la vivienda, encareciendo todavía más los precios para beneficio de unos pocos. Los hechos ocurridos en Totana, Torre Pacheco, Fuente Álamo y Alhama son producto del modelo urbanístico insostenible promovido desde el Gobierno Regional y su política de liberalización incontrolada del suelo que esta Asamblea viene denunciando desde hace tiempo. Estos hechos demuestran que los magnates del ladrillo manipulan la política de la Región de Murcia hasta el punto de preguntarnos: ¿Quién gobierna en Murcia, los políticos o la oligarquía del ladrillo? Exigimos la dimisión inmediata de todos los cargos públicos imputados en los procesos así como la expulsión de sus partidos políticos, el endurecimiento de las penas para los delitos de corrupción urbanística cometidos por cargos públicos y la incautación de los bienes obtenidos por medio de estos delitos para destinarlos a proyectos sociales de los municipios afectados. Con el fin de hacer efectivo nuestro derecho a una vivienda digna, de por sí legislado en el artículo 47 de la Constitución, proponemos un cambio en el modelo de desarrollo de la Región basado en los siguientes puntos: 1. Moratoria en la ejecución de los planes urbanísticos mientras estos no sean guiados por el interés general, a partir de una efectiva participación de la ciudadanía. 2. Transparencia en los datos relativos al derecho de acceso a la vivienda: censo de pisos vacíos, censo único de solicitantes de vivienda, censo de propietarios del suelo, sorteo público y ante notario en las asignaciones de las viviendas de protección oficial. 3. Inversión del proceso de depredación del espacio medioambiental y del tejido social de los espacios urbanos. 4. Creación de un amplio parque de vivienda pública en alquiler social capaz de responder a la demanda real de la población excluida por el mercado. Para ello, se dará prioridad al uso de los pisos vacíos sobre los de nueva construcción. 5. Despenalización de la reutilización de espacios en desuso. 6. Asunción por parte de las empresas financieras de su responsabilidad en el elevado e insostenible endeudamiento de las familias. 7. Medidas fiscales que penalicen efectivamente la especulación inmobiliaria. Invitamos a todo aquel o aquella que se sienta indignado/a por los casos de corrupción y el incumplimiento de nuestro derecho a una vivienda digna a participar en nuestra Asamblea y a unirse la concentración por la vivienda digna que tendrá lugar el próximo Sábado, 1 de Marzo a las 19.00 en la Plaza Sto. Domingo. |
